Capacidad de un Estado, institución u organización para controlar sus propios datos, infraestructuras digitales y decisiones tecnológicas sin depender de proveedores extranjeros. Incluye aspectos como el almacenamiento local de datos, el cumplimiento de normativas propias (como el RGPD o la futura regulación de IA en la UE) y la autonomía frente a tecnologías opacas o no auditables. En el contexto europeo, es clave para proteger la privacidad, la seguridad y la independencia tecnológica en la era digital.